La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) respaldó la sanción de la ley provincial que regula el uso de celulares en la primera infancia y en las escuelas primarias, al remarcar que se trata de un paso importante en la protección de los niños y las niñas, así como en la promoción de hábitos saludables vinculados al uso de la tecnología.
El titular de la entidad, Marín Zurita, consideró que la norma sancionada el pasado jueves por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires “aporta un mensaje firme a las familias” de los más chicos respecto de la necesidad de administrar y cuidar el tiempo de exposición a los dispositivos digitales en la primera infancia.
En tanto, Zurita manifestó que la preocupación central de los educadores radica en los efectos que el consumo creciente de pantallas tiene sobre la atención, el sueño y el desarrollo saludable de los más pequeños, y señaló que, muchas veces, son los propios adultos los que facilitan el acceso temprano a dispositivos por presión social.
Por eso, el Secretario Ejecutivo de AIEPA valoró especialmente que la nueva legislación de la provincia de Buenos Aires contemple campañas de concientización dirigidas a toda la comunidad educativa y a los hogares, que será fundamental para la aplicación plena de la normativa impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla y Lorena Mandagarán.
En este sentido, el titular de AIEPA destacó que en el nivel primario la prohibición de los celulares en las aulas no tendrá un impacto sustancial ya que no es allí donde se observa con mayor intensidad el problema, aunque insistió en que la ley recuerda que las pantallas pueden ser riesgosas y que deben administrarse con responsabilidad en el ámbito doméstico, con el fin de asegurar que su uso sea compatible con la salud y el desarrollo de los chicos.
Así, la entidad gremial que agrupa a institutos privados de todo el país, consideró que la sanción legislativa no busca demonizar la tecnología sino promover su utilización saludable. “Desde AIEPA acompañamos toda iniciativa que contribuya al uso responsable de la tecnología y a la protección de la infancia”, manifestó Zurita a este medio, al tiempo que reconoció el valor pedagógico que pueden tener las pantallas cuando son utilizadas con fines educativos y bajo supervisión docente.
Es preciso recordar que, la nueva ley fue aprobada por la Cámara de Diputados bonaerense el pasado jueves 18 de septiembre, y tiene como principal objetivo regular el uso de celulares en la primera infancia y en las escuelas primarias. Entre sus disposiciones, el escrito establece la prohibición del uso de pantallas durante la jornada escolar salvo autorización de los docentes, promueve campañas de concientización en instituciones y espacios públicos, y fija pautas para fomentar un entorno digital seguro en niños y niñas de hasta 12 años.
En tanto, el proyecto fue impulsado por los senadores González Santalla de La Cámpora, y Mandagarán del GEN, y obtuvo media sanción en la Cámara alta en 2024, mientras que en Diputados avanzó con rapidez gracias al dictamen unánime de las comisiones de Salud, Niñez y Legislación General, lo que allanó el camino para su aprobación definitiva en el recinto.
Es que, el texto consensuado combina elementos de las iniciativas originales, ya que Mandagarán proponía la obligatoriedad de difundir material preventivo en todas las instituciones educativas, mientras Santalla apuntaba a una prohibición explícita del uso de celulares en las aulas. Finalmente, la norma sancionada tomó aspectos de ambos proyectos y logró un amplio respaldo que incluyó a legisladores de Unión por la Patria, PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, el radicalismo y Unión, Renovación y Fe.
Con la promulgación de la ley, el Gobierno bonaerense tendrá a su cargo la implementación de campañas de concientización digital en plataformas oficiales y en espacios físicos como escuelas y centros de salud, así como la colocación de cartelería con recomendaciones de uso saludable y advertencias sobre los riesgos del consumo excesivo de pantallas, con el fin de generar un compromiso compartido entre el Estado, la comunidad educativa y las familias.
